Mientras
continúan los enfrentamientos y muertes en distintos punto, las delegaciones
lograron un acuerdo sobre un plan de “reforma rural integral”. Ella prevé
restituciones de tierras a cientos de miles de campesinos desplazados y una
fuerte inyección de recursos a las abandonas regiones agrarias. Esta es una
oferta a la base social de FARC que en casi su totalidad es de origen
campesino.
Esperanzas
en Colombia ante la posibilidad de concluir un conflicto armado que ha costado
la vida de unas 220.000 personas a lo largo de más de medio siglo. Tanto Juan
Manuel Santos, el Presidente colombiano, como Iván Márquez, vocero de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), manifestaron optimismo por
los avances en las reuniones que se realizan en Cuba.
Parte de su satisfacción
proviene del plan de crear circunscripciones especiales en “zonas
especialmente afectadas por el conflicto y el abandono” que tendrán escaños
propios en la Cámara de Representantes. En otras palabras las FARC tendrían
asegurado un cupo en el Parlamento.
Ya se
cumple un año de las negociaciones entre los guerrilleros y el gobierno
en La Habana. Un primer gran logro fue acordar una agenda de puntos
fundamentales para despejar el camino a la paz. Y de entrada se
estableció que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Entretanto se ha negociado mientras continúan los enfrentamientos y muertes en
distintos puntos. Con todo, las delegaciones lograron un acuerdo sobre un
plan de “reforma rural integral”.
Ella
prevé restituciones de tierras a cientos de miles de campesinos desplazados y
una fuerte inyección de recursos a las abandonas regiones agrarias. Esta es una
oferta a la base social de FARC que en casi su totalidad es de origen
campesino. Hace algunos años las FARC presentaban el siguiente cuadro: “En
Colombia el 1,5 por ciento de los propietarios posee 80 por ciento de la tierra
productiva” y citaban al Banco Mundial para respaldar su visión: “El 80 por
ciento de la población rural colombiana vive bajo la línea de pobreza, y un 33
por ciento sobrevive en condiciones de indigencia”.
Ahora
viene de anunciarse un segundo acuerdo sobre garantías para la participación en
la vida política nacional. Este un punto clave para lograr la “dejación de las
armas” por parte de las FARC. Para Márquez el avance “nos coloca a los
colombianos en la posibilidad de abrir las puertas de una verdadera
democracia”. Parte de su satisfacción proviene del plan de crear
circunscripciones especiales en “zonas especialmente afectadas por el
conflicto y el abandono” que tendrán escaños propios en la Cámara de
Representantes.
En otras
palabras las FARC tendrían asegurado un cupo en el Parlamento. Márquez tiene,
en todo caso, resquemores: “Lo primero que está por resolverse es la
necesidad de que en Colombia se respete el derecho a la vida, la diferenciación
política, la no estigmatización y el poder debatir las ideas sin temor a ser
asesinado, perseguido o criminalizado”. Con estas palabras aludía a una
experiencia que traumó a los guerrilleros.
En 1982,
el gobierno del Presidente Belisario Betancur promovió una apertura política
que contemplaba una amnistía. El viraje fue bien recibido por los insurgentes y
se esbozaron negociaciones que fueron muy resistidas por las fuerzas
armadas. Las FARC realizaron un esfuerzo de reinserción política a través
de la creación de un brazo político, la Unión Patriótica (UP). El proceso fue
un absoluto fracaso pues los militantes de la UP, que incluía a
guerrilleros desmovilizados, fueron asesinados en forma masiva. Elementos
paramilitares y no identificados, que suele ser el eufemismo para aludir a
militares y agentes estatales, mataron a más de dos mil militantes de la UP.
Por
delante quedan todavía tres puntos difíciles.
El
próximo tema será como desmantelar el narcotráfico en las zonas de operaciones
guerrilleras. En realidad este es un asunto en el cual están involucrados
muchos actores incluidos, entre otros, numerosos militares, paramilitares y
hacendados, estos dos últimos no son categoría excluyentes. Luego vendrá el
espinoso tema de la “verdad, justicia y reparaciones”. Como en toda guerra
civil ambos bandos tienen a muchos de sus combatientes con manos ensangrentadas
por crímenes alevosos. Finalmente, deberán resolver sobre las formas concretas
en que los guerrilleros desmovilizados podrán reincorporase a la vida social y
política.
Si todo
lo anterior es resuelto satisfactoriamente las propuestas resultantes serán
sometidas a un plebiscito nacional. Es la forma más efectiva para lograr
la indispensable legitimidad a un proceso que promete una Colombia
más equitativa, justa y, por lo tanto, pacífica.
Raul Shor
http://blog.lanacion.cl/2013/11/07/colombia-el-comienzo-del-fin/
